Por Ulises Bosia
Artículo publicado originalmente en El Destape | 31 de diciembre de 2020
Resulta difícil de comprender cómo un gobierno presuntamente sumergido en la encarnizada disputa interna con la que se entretienen todos los días los medios de comunicación opositores, pudo modificar claramente el rumbo de nuestro país en su primer año y obtener algunos logros significativos, incluso bajo condiciones económicas y sanitarias dramáticas.
Entre lo mejor se puede contar la inversión en salud y la obtención rápida de la vacuna, la defensa del interés nacional en el acuerdo con los bonistas privados, el apoyo activo a Evo Morales y Álvaro García Linera para la recuperación de la democracia, los planes alimentarios, el aporte de las grandes fortunas, la implementación de programas para paliar los efectos de la pandemia como el IFE y el ATP, la definición de las telecomunicaciones como servicio público y la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito.
Naturalmente, la inversión de prioridades del presidente Alberto Fernández respecto de la gestión de Macri que supusieron esos logros no niega distintos aspectos deficitarios que también existieron. Entre ellos se destacan las idas y vueltas en el caso Vicentin, la lentitud en algunas áreas de la gestión como el caso del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el desarme repentino del IFE que dejó a la intemperie a una parte importante de sus beneficiarios con los efectos de la pandemia aún vigentes, la falta de claridad sobre qué política tomar respecto del lawfare y la reforma judicial, los déficits en la construcción de una narrativa política y de suficientes voceros mediáticos que la sostengan.
La agenda del gobierno concluye el año con dos preocupaciones muy concretas, de alto interés para las grandes mayorías. Por un lado implementar un enorme operativo de vacunación que permita proyectar un 2021 de reconstrucción del trabajo, de la producción, de la inversión, de regreso a clases presenciales, de ejercicio sin sobresaltos de la democracia. Por otro lado la atención puesta en el control de los precios, especialmente de los alimentos y de las tarifas de servicios públicos, con la guía orientadora que planteó Cristina sobre el necesario alineamiento de esas variables con los salarios y las jubilaciones, de forma tal que se pueda dar lugar a un crecimiento efectivo de la demanda que apalanque la recuperación de la actividad económica y redistribuya sus frutos.
Una mirada más amplia
Visto desde una perspectiva más amplia, 2020 fue un año en el que adquirieron visibilidad algunas de las principales fragilidades estructurales del país, no siempre percibidas por una dirigencia política –en sentido amplio, incluyendo en ella también a dirigentes empresariales, gremiales, sociales, referentes intelectuales, eclesiásticos, etc.- que tiene dificultades crónicas para trascender el plano de la administración de lo existente, romper las ataduras con los poderes fácticos y poner en el centro la búsqueda de transformación del país.
En este texto nos vamos a referir a dos de ellas. En primer lugar al fenómeno de la exclusión social, uno de los rasgos –no accidentales sino esenciales- del capitalismo de nuestro tiempo, que mostró su persistencia y ampliación en el contexto de la pandemia.
Importantes sectores de la clase trabajadora se ven imposibilitados de acceder a un salario, mientras que otros sufren nuevas formas de subordinación y desprotección a través del trabajo en plataformas digitales y finalmente quienes sí logran la inclusión formal bajo convenios colectivos ven cómo avanza la flexibilización. La realidad efectiva del mundo del trabajo requiere abandonar miradas anacrónicas, una vez que se acepta que, al menos en el mediano plazo, el mercado laboral argentino no va a estar en condiciones de incorporar al conjunto de la clase trabajadora. El debate sobre la creación de alguna clase de ingreso universal o salario argentino emerge así de las entrañas de este año, especialmente tras la experiencia del IFE que demostró la existencia de una franja social desprotegida que va mucho más allá de las políticas de contención social focalizadas y de los sectores de trabajadores y trabajadoras organizados en la economía popular. Un viejo lema nacional encuentra una renovada vigencia: gobernar es crear trabajo.
En segundo lugar la tendencia a la concentración demográfica que, si habitualmente genera formas de hacinamiento, bajo la influencia del coronavirus condujo directamente a situaciones explosivas.
Tampoco este fenómeno es casual, sino que hay motivos profundos a los que interrogar para explicarlo, entre los que se encuentran los profundos cambios productivos del agro argentino, la concentración de la oferta de trabajo en las grandes ciudades, el deterioro ambiental de zonas enteras, el abandono de amplias regiones del país en las que es imposible acceder a servicios elementales como el agua potable. ¿Hay manera de que estos problemas sean pensados y afrontados desde las políticas públicas? ¿Es posible imaginar, por ejemplo, la creación de nuevas ciudades o de colonias agrícolas? ¿Sería viable retomar el viejo proyecto del traslado de la Capital Federal? ¿Por qué no apostar a desarrollar a fondo políticas que fomenten el arraigo? Aquí reaparece otra vieja consigna nacional, también cargada de nuevos sentidos: gobernar es poblar.
A pesar de que vivimos tiempos signados por una gran incertidumbre, el impacto de la pandemia invita a estimular la imaginación política y a reconciliarla con la gestión cotidiana del Estado de forma de poder encarar programas de desarrollo humano integral que paulatinamente modifiquen las condiciones de vida del pueblo argentino. Para ello es clave la recuperación del concepto de planificación estatal, que aún no rescatamos suficientemente de su impugnación por parte del neoliberalismo, pero que vemos desplegarse con éxito en distintos países.
El gobierno nacional afrontó las tareas urgentes de 2020 y se propuso que 2021 sea el año de la reconstrucción. La pregunta es si ese impulso hacia la reconstrucción tendrá la capacidad de afrontar algunas de las fragilidades estructurales de nuestro país o se verá limitado por la presión de las fuerzas sociales privilegiadas que se benefician de la situación actual. Dicho en otros términos, si estamos ante un gobierno que administrará de manera más justa las desigualdades existentes, o si en cambio conseguirá iniciar procesos de transformaciones más profundos. Como siempre, eso también va a depender de la iniciativa de las grandes fuerzas sociales y del aprovechamiento de las oportunidades que se abran.
